2 4 EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN SUR-SUR
REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DOBLE RENDICIÓN DE CUENTAS
5. LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
5.3. LOS RETOS POR DELANTE
Nuestros países socios en América Latina y el Caribe, especialmente los que han alcanzado un mayor nivel de renta en los últimos años, nos están demandando un nuevo modelo de cooperación en el que se intensifique la transferencia de conocimiento y la colaboración en el ámbito de la empresa, la ciencia y la tecnología. En ese nuevo esquema, la alianza con el sector privado adquiere una especial relevancia, especialmente a la vista del amplio desplie- gue de las empresas españolas en Latinoamérica. Su compromiso, junto con el del empresa- Fuente: AECID.
riado local, de contribuir al desarrollo de los países, de respaldar la mejora de las políticas públicas y los servicios sociales para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de esos países, no solo es bienvenido sino que debería incentivarse. En ese sentido, tiene que ser un objetivo de la política de cooperación española el trabajar también con ese actor. Desde Busán hasta la Agenda 2030 se reconoce el rol esencial que tiene que jugar también el sector privado en la promoción del desarrollo. Además, esa alianza se vuelve esencial si la demanda que nos llega de los países socios se especializa y concreta en nuevos objeti- vos como el conocimiento técnico, la innovación tecnológica y otros aspectos propios del ámbito empresarial, que resultan prioritarios en un momento en el que se busca mejorar la competitividad de sus economías, su diversificación y productividad para facilitar el creci- miento económico y la creación de empleo. Con las actuales restricciones presupuestarias, esa asociación con el sector privado supone también una entrada adicional de recursos para respaldar las intervenciones de cooperación al desarrollo.
Por su parte, la asociación con la CE, ayuda a la empresa española a abrir un canal de co- municación institucional de su interés para el desarrollo de sus actividades en el país socio. También facilita a la empresa abordar cuestiones sensibles como la relación con las comu- nidades indígenas en cuyos territorios puedan tener lugar sus inversiones. Para ello, desde el Programa de cooperación con los pueblos indígenas, que se gestiona desde DCALC, se organizan talleres sobre la consulta previa que, en el marco del Convenio 169 de la Organi- zación Internacional del Trabajo, tiene que hacerse a las comunidades indígenas que puedan verse afectadas por actividades desarrolladas en sus territorios. En esos talleres, en los que se promueve una presencia tripartita de las comunidades, el sector privado y las institu- ciones estatales, y de los que se han celebrado varios encuentros (en el ámbito andino, en Colombia, en Guatemala, entre otros), han participado empresas españolas como Repsol, Ferrovial, Acciona o FCC.
Sin duda, como en todo proceso que comienza, se plantean una serie de retos en los que tendríamos que concentrarnos para que esta alianza con el sector privado resulte beneficiosa y tenga el impacto que deseamos. Para ello es necesario avanzar en una serie de aspectos. En primer lugar los de carácter procedimental, dado que el proceso de constitución de una APPD tendría que resultar más ágil y no demorarse demasiado
en el tiempo, en la medida en que la complejidad del proceso dificulta y desincentiva la cons- titución de estas asociaciones con actores de distinta naturaleza y forma de actuar.
En el marco de esos aspectos metodológicos, es importante también profundizar en el seguimiento de esas intervenciones para evaluarlas y valorar cuál es su impacto y los resul- tados de desarrollo alcanzados. Del mismo modo, es importante asegurar una participación paritaria entre los distintos actores, de forma que no sea la AECID la que aporte la mayor parte de la financiación, y todas las partes tengan interés y voluntad en participar.
Existen otra serie de retos de carácter más estratégico, como es la necesidad de un ma- yor impulso político a esta modalidad. La amplia presencia de la empresa española en
América Latina, con importantes programas de RSC, debería facilitar la identifica- ción de APPDs en esta región. Sin embargo, y frente a otros donantes occidentales, esta modalidad sigue siendo muy marginal en nuestra política de cooperación. Con
un importante despliegue en la región, pero que tienen centralizados sus programas de RSC desde España donde se toman las decisiones.
La reciente colaboración de AECID con ICEX para desarrollar la colaboración con el sector privado, resulta también esencial para favorecer esa sensibilización mutua sobre la importancia de este instrumento ante los nuevos retos que se plantean en la política de cooperación y con la nueva Agenda 2030. Ese mayor conocimiento y sensibilización del instrumento es también importante de cara a las ONGDs. Algunas, españolas y locales, ya participan en varias de las intervenciones, pero sigue habiendo algunas resistencias.
La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace un llamamiento a todos los actores para colaborar en su consecución, constituye una oportunidad para seguir po- tenciando la incorporación del sector privado empresarial en la política de cooperación al desarrollo. Como aliado en este esfuerzo colectivo, favorenciendo su participación en alianzas incluyentes, que permiten el apalancamiento de recursos públicos y privados, y la complementariedad de las funciones de los diferentes actores.
6. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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La Cooperación Española tiene una larga historia en el ámbito de la transfe- rencia de conocimiento a través de los programas de formación de funciona- rios que se llevan a cabo en los Centros de Formación en América Latina. Los dilemas que el sistema nos planteaba tenían que ver con los procedimientos para determinar la oferta de formación. Los muchos años de experiencia han llevado a organismos de la administración pública española a especializarse en ciertos cursos pero ¿la oferta de formación es la más adecuada a las necesida- des de la región? ¿No deberíamos poner en marcha un proceso de identifica- ción donde pese más la demanda de los países de la región? ¿Por otro lado, esta formación debe ser destinada siempre a los funcionarios? ¿La administración española debe ser la única fuente de formación, desconociendo la capacidad de oferta de la Universidad, de organismos internacionales especializados? Pero, esta apertura ¿no corre el riesgo de dispersar el programa?
Por otro lado, en la época actual ¿tiene sentido una oferta de formación exclu- sivamente presencial? ¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías de la comuni- cación? Y ¿no abren estas nuevas tecnologías posibilidades de ir más allá de la formación puntual para crear mecanismos y procesos continuos de consulta y asesoría? ¿No había llegado el momento de dar un salto de calidad hacia un auténtico programa de gestión del conocimiento que coloque a la AECID en una posición de liderazgo? Pero, ¿es posible llevar a cabo esta reforma en un contexto de restricción presupuestaria?
6.1. UNA APUESTA POR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
En los entonces 25 años de su existencia, la AECID realizó en América Latina innumerables intervenciones y programas que de acuerdo con su ciclo natural, nacieron, se desarrollaron y se cerraron. Las lecciones aprendidas en ese proceso han sido enormes y sin embargo no ha habido un ejercicio sistemático de recopilación de esas lecciones más allá de los análisis de impacto que periódicamente se realizan. Parte de la historia de la AECID y de su capa- cidad de acompañar y transformar en América Latina se estaba perdiendo.
Por otro lado, a través de sus centros de Formación, la CE ha realizado una inmensa labor de formación a funcionarios públicos latinoamericanos que en determinadas materias se han forma- do en estos centros de formación en lo que ha sido, sin duda, el ejercicio de más alcance y más ambicioso de generar contactos y sinergias entre la administración española y las aministracio- nes latinoamericanas.
¿Se podía recuperar todavía parte, al menos, de esas lecciones aprendidas? ¿El programa de for- mación de la AECID debía reformularse de acuerdo a la nueva demanda, nuevos actores y muy especialmente a las nuevas tecnologías?
